«Son el 30% del sueldo» es la frase que todo el mundo repite. No está en la ley — pero decir «no existe ningún porcentaje en México» también sería falso. La respuesta depende del estado donde se fije la pensión, y esa es la primera cosa que hay que entender.

La regla general: proporción, no porcentaje

El Código Civil Federal lo pone así en su artículo 311: los alimentos «han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos». Dos variables, sin cifra.

Buscamos la frase «treinta por ciento» en los capítulos de alimentos del código federal y de los códigos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León: cero coincidencias. El 30% es costumbre judicial y rumor, no texto legal.

La excepción que cambia todo: Estado de México

Ahí sí hay números, y altos. El código mexiquense fija mínimos:

  • Artículo 4.136: la pensión «no será inferior al cuarenta por ciento del sueldo».
  • Artículo 4.138: escalas de 40%, 30% y 20% según el caso para cónyuges.
  • Artículo 4.129: lo mismo para concubinos.

Y hay algo más llamativo: el Estado de México derogó la fórmula de proporcionalidad (artículo 4.140). Es decir, dos personas con el mismo sueldo y los mismos hijos pueden terminar con pensiones muy distintas según vivan en Toluca o en Guadalajara.

Si vas a buscar información, búscala por el código de tu estado. Las guías genéricas sirven de poco aquí.

¿Hay un tope a lo que pueden descontar del sueldo?

Para los alimentos, no. Y conviene ver por qué, porque el famoso 30% viene justamente de leer mal este punto.

La Ley Federal del Trabajo permite descontar del salario en cuatro supuestos. A tres de ellos el legislador les puso tope expreso. Al de alimentos, no le puso ninguno. El 30% que aparece en el artículo 110 es para las deudas contraídas con el patrón — anticipos, pagos en exceso, faltantes. Nada que ver.

Hay además un artículo poco citado y muy fuerte, el 112: los salarios no pueden embargarse salvo en el caso de pensiones alimenticias, y los patrones «no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo».

Sobre qué se calcula

La Suprema Corte lo resolvió: entra todo ingreso ordinario y extraordinario que ingrese realmente al patrimonio — horas extra, aguinaldo, prima vacacional, vales de gasolina. Quedan fuera los viáticos y los gastos de representación, porque no son ingreso sino reembolso.

Del salario solo se restan las deducciones obligatorias por ley: ISR, IMSS, fondo de pensiones. No se restan los préstamos personales, el Fonacot ni las cuotas sindicales — esas son decisiones del trabajador, no cargas legales.

Un criterio reciente de la Corte va más lejos y habla de «todos los recursos a su alcance», con obligación del juez de allegarse pruebas de oficio cuando el deudor oculta ingresos.

Cómo se ejecuta, y qué arriesga el patrón

La orden va directa al empleador y se cumple de inmediato; tiene tres días para entregar la información de ingresos que le pidan. Si no obedece, se expone a multa y a responder solidariamente por el daño. Y si el trabajador deja la empresa, el patrón debe avisar al juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes.

En la Ciudad de México hay un agravante que casi nadie conoce: el contador o responsable que ignora la orden judicial de descuento comete un delito, castigado con seis meses a cuatro años de prisión.

¿Se acaba a los 18 años? No automáticamente

Aquí casi todas las notas se equivocan, y nosotros íbamos a equivocarnos igual. El artículo 320 del código federal enumera las causas por las que cesa la obligación, y la mayoría de edad no está entre ellas.

La regla que fijó la Corte es esta: si el hijo mayor de edad demuestra primero que efectivamente estudia, en un grado acorde a su edad, entonces se mantiene la presunción de que necesita alimentos, y es el deudor quien tiene que probar lo contrario. La carga de la prueba queda de su lado, no del hijo.

Si dejan de pagar

No existe un delito federal de incumplimiento alimentario: está en los códigos penales de cada estado, y la diferencia importa.

  • Ciudad de México: tres a cinco años de prisión, y siempre por querella — alguien tiene que presentarla.
  • Estado de México: de dos a cinco años por abandono, y de dos a siete si la insolvencia fue provocada a propósito. Por querella, pero de oficio cuando las víctimas son menores.

Existe además un registro de deudores alimentarios: en la Ciudad de México se inscribe a quien deja de cumplir noventa días, es público, se anota en el folio real de sus propiedades y la información se comparte con las sociedades de información crediticia. A nivel nacional se creó uno equivalente, con plazo de noventa días, aunque no pudimos confirmar que ya esté operando.

Dos avisos sobre las fuentes

Circulan como federales dos artículos —el 311 bis y el 311 ter— que no existen en el Código Civil Federal: son normas de la Ciudad de México. Si una guía te los cita como ley nacional, está mal.

Y sobre la actualización automática de la pensión: en la Ciudad de México se ajusta por inflación, no por UMA. La UMA entró en 2024 solo como piso cuando no se puede probar el ingreso del deudor.

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